Las presidentas de Extremadura y Madrid, María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso, han visitado la Central Nuclear de Almaraz en el marco del encuentro institucional que ambos gobiernos están celebrando y que comenzó este lunes en la capital extremeña, Mérida.
Ambas dirigentes autonómicas han querido mostrar así su rechazo al cierre previsto de la unidad I de la planta en 2027 y de la unidad II en 2028. En este sentido, Guardiola y Ayuso firmaron el lunes, en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, una declaración institucional en favor de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz y en contra del cierre programado por el Gobierno central. En dicha declaración, los gobiernos de Extremadura y Madrid reafirman que "hay razones más que suficientes para pelear por la continuidad de Almaraz" y reclaman que el Ejecutivo central "dé marcha atrás a una decisión equivocada y contraria a los intereses de los extremeños, madrileños y todos los españoles".
"Cinismo e ideología totalitaria"
María Guardiola volvió a defender la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz al afirmar que "España no se puede permitir un apagón nuclear ni un cierre ideológico como el que estamos presenciando". Por su parte, la presidenta madrileña calificó la decisión del Gobierno central de "cinismo e ideología totalitaria", exigiendo una política energética realista y advirtiendo que "no nos hagan rehenes de potencias extranjeras". "España no cuenta con infraestructuras alternativas a la energía nuclear", añadió.
Por este motivo, ambas comunidades instan al Gobierno central a ampliar la vida útil de las centrales nucleares y a sustituir los "criterios ideológicos" por "criterios técnicos y de seguridad".
Asimismo, los ejecutivos de Madrid y Extremadura apuestan por revisar y renegociar con las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz para garantizar su continuidad operativa, siguiendo el ejemplo de otros países europeos que han prolongado la vida útil de sus reactores.
También abogan por reducir los impuestos a la producción de energía nuclear, así como la denominada Tasa Enresa, que, "a pesar de haber sido acordada por un determinado importe con las empresas propietarias, ha sido incrementada un 30 % de forma unilateral por el Gobierno central".
En este sentido, ambos gobiernos autonómicos recalcan que "es imprescindible ofrecer al sector nuclear seguridad jurídica, estabilidad y evitar la arbitrariedad".
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