El consumo de tabaco sigue siendo una de las principales causas de enfermedades graves, siendo responsable de más del 90% de los casos de cáncer de pulmón, una de las principales razones por las cuales se realizan trasplantes pulmonares en España. En 2025, nuestro país registró más de 6.300 trasplantes, una cifra ligeramente inferior al récord de 2024, pero que sigue demostrando la excelente capacidad del sistema sanitario español en este ámbito.

Entre las regiones con mayor número de donantes, Extremadura destaca con 53 donantes por millón de habitantes en 2025, superando la media mundial. Aunque ha habido una ligera caída respecto al año anterior, la región continúa mostrando cifras envidiables, situándose como un referente en la donación de órganos.

Según Beatriz Domínguez-Gil, Directora General de la Organización Nacional de Trasplantes, "su gesto permite ayudar a más personas porque, como media, cada uno de ellos resuelve más de tres trasplantes, con lo cual multiplicamos ese acto de generosidad". Este esfuerzo colectivo se ve reflejado en las más de 2.500 personas que donaron sus órganos después de fallecer, y las más de 400 que lo hicieron en vida en 2025.

Generosidad y avances 

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado el impacto de esta solidaridad: "Ocho donantes al día, 17 trasplantes diarios, pero sobre todo miles de historias que continúan". Historias que parecen sacadas de la ciencia ficción, como la del primer trasplante parcial de corazón realizado en España, y el primero en Europa en una bebé menor de un año. Este procedimiento innovador sustituye solo la parte dañada del corazón, permitiendo que el órgano crezca con la niña, lo que evitará futuras intervenciones quirúrgicas.

Aunque el riñón sigue siendo el órgano más trasplantado, con cerca de 4.000 intervenciones, los trasplantes de hígado, pulmón y corazón también han alcanzado cifras récord. Este 2025, se han realizado 390 trasplantes de corazón, un número histórico en el país.

En pleno debate sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz, pendiente de la autorización del Gobierno para continuar operativa más allá de su actual licencia, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha pronunciado con claridad sobre la posición del Gobierno respecto a su posible prórroga.

Sánchez ha recordado que ya existe un acuerdo con las eléctricas para el cierre progresivo de todas las centrales nucleares en España, y ese cierre sigue estando sobre la mesa. Aun así, dejó la puerta abierta a que las empresas propietarias soliciten una extensión de la actividad, pero bajo condiciones muy estrictas. Cualquier solicitud de continuidad debería demostrar garantías plenas de seguridad y asumir íntegramente los costes derivados, descartando ayudas públicas o incentivos:

“Hemos pactado con las empresas energéticas el cierre de las centrales nucleares y vamos a seguir esa línea. Si las empresas que tienen esas centrales nucleares en propiedad consideran que quieren prorrogar su vida, ya saben lo que tienen que hacer: proponer y garantizar la seguridad energética, la seguridad de los territorios en los que operan y, por supuesto, que ni la Administración General del Estado ni los ciudadanos con sus impuestos van a tener que pagar, vía bonificaciones, la prolongación de la vida de esas centrales nucleares”, ha afirmado el presidente del Gobierno. 

Sánchez también ha defendido la apuesta del Gobierno por las energías renovables, destacando el potencial natural del país. “Los españoles no tenemos petróleo bajo nuestros pies, pero sí tenemos sol y viento, y lo tenemos a raudales sobre nuestras cabezas. Este es un gran activo, el único activo infinito que impulsa la creación de industrias, centros de datos y coches eléctricos”, ha apuntado. 

"España hoy, afortunadamente, es uno de los países del mundo que produce la mayor parte de su electricidad a través de las renovables. Gracias a ello, la energía en nuestro país es un 20 por ciento más barata que la media europea", por ello, concluía Sánchez, "no vamos a frenar la apuesta por las renovables".

Este mes de enero se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la ley antitabaco en España, una norma que ha marcado un antes y un después en los espacios libres de humo. Dos décadas después, el debate continúa muy vivo y su última modificación llegará al Congreso a lo largo de 2026, con un objetivo claro: ampliar los espacios sin humo, entre ellos las terrazas de los bares, que podrían quedar completamente libres de tabaco.

El nuevo debate: ¿se puede prohibir fumar en terrazas privadas?

Mientras se discuten las nuevas restricciones en terrazas públicas, estos días ha resurgido otro debate: ¿puede prohibirse fumar en terrazas, patios o balcones de una vivienda privada?
La respuesta no es sencilla, pero la Ley de Propiedad Horizontal abre la puerta a ello si se demuestra que fumar en estos espacios supone una actividad nociva o insalubre para los vecinos.
De hecho, las denuncias por molestias de humo en patios interiores, balcones o terrazas particulares no son nuevas. Ya existían en comunidades de propietarios, aunque con la nueva Estrategia de Salud Pública, todo apunta a que podrían aumentar.

El artículo clave: el 7 de la Ley de Propiedad Horizontal

La base legal para estas reclamaciones se encuentra en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, que prohíbe las actividades dañinas para la salud dentro de las comunidades. En este contexto, el humo del tabaco se considera un riesgo objetivo para la salud, lo que abre la puerta a posibles restricciones si los vecinos lo denuncian.
Cómo actuar ante un conflicto por humo en la comunidad

"Habría que llevarlo a junta de propietarios"

Según explica Antonio Civantos, administrador de fincas, el procedimiento es claro: “Habría que llevarlo a junta de propietarios y presentar la denuncia en el juzgado.” No obstante, Civantos apunta que este tipo de conflictos rara vez llega tan lejos: “Normalmente, con una mediación al principio no va a más y no llega a ir al juzgado.”

La vía habitual suele ser intentar acuerdos internos en la comunidad, recurriendo solo a los tribunales cuando las molestias persisten y se considera que existe un perjuicio real para la salud y la convivencia.