El bloque Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia) avanza hacia una nueva etapa en sus relaciones con la Unión Europea gracias al acuerdo comercial UE–Mercosur, un pacto que daría lugar a una de las áreas de libre comercio más amplias del planeta.
A pesar de su relevancia estratégica, el acuerdo aún no está en vigor. Aunque hay un consenso político alcanzado en diciembre de 2024 y el texto fue avalado por el Consejo de la UE en enero de 2025, todavía falta la aprobación del Parlamento Europeo y la ratificación de los parlamentos nacionales tanto en la UE como en Mercosur. Hasta entonces, la aplicación se limitará a un Acuerdo Interino de Comercio que permitirá avanzar de forma parcial.
Un contexto político dividido
El camino hacia la ratificación está marcado por diferencias entre países europeos. Estados como Francia, Polonia, Austria, Irlanda o Hungría han mostrado su rechazo, motivado principalmente por preocupaciones agrícolas y medioambientales. En contraste, España se posiciona como uno de los principales defensores del tratado.
Un acuerdo que redefine el comercio entre ambos bloques
En su dimensión económica, el acuerdo prevé la eliminación gradual de aranceles en más del 90% del comercio bilateral. Para las exportaciones europeas implica una liberalización del 91% de los productos, lo que se traduciría en un ahorro estimado de 4.000 millones de euros anuales en aranceles.
El desarme arancelario será asimétrico: La UE suprimirá de inmediato el 74% de los aranceles y alcanzará otro 18% en un periodo de diez años.
Mercosur, por su parte, liberalizará un 14% de productos de forma inmediata y progresará hasta el 91% en un plazo de hasta quince años. En el ámbito agroalimentario, especialmente sensible, la UE abrirá su mercado en torno al 82% de las importaciones, pero aplicará un sistema de contingentes arancelarios para productos como carne de vacuno, aves, azúcar o etanol.
Normas, estándares y un capítulo de sostenibilidad pionero
El acuerdo incluye extensos capítulos de normas técnicas, requisitos sanitarios y fitosanitarios, y contratación pública, que facilitan la competencia en igualdad de condiciones entre empresas de ambas regiones.
Además, protege más de 350 indicaciones geográficas europeas y unas 220 de Mercosur, reforzando el reconocimiento internacional de productos de origen certificado. En materia ambiental, el pacto incorpora compromisos vinculados al Acuerdo de París, mecanismos contra la deforestación y obligaciones en derechos laborales alineadas con la OIT, convirtiéndolo en uno de los acuerdos comerciales más avanzados del mundo en sostenibilidad.
Impacto económico y preocupaciones del sector agrario
Con la creación de un mercado conjunto de 700 a 800 millones de consumidores, la UE obtiene un acceso preferencial a países donde enfrentaba aranceles elevados, mientras que Mercosur puede diversificar su economía más allá de las materias primas. Sin embargo, esta apertura también implica una mayor competencia en manufacturas y servicios para los países latinoamericanos.
En Europa, y especialmente en España, el acuerdo ha generado un fuerte malestar entre las organizaciones agrarias. Los agricultores denuncian que el pacto introduce una competencia desleal, ya que ellos producen con normas mucho más estrictas, que encarecen hasta un 30% sus costes, mientras que los productos importados de Mercosur no están sujetos a las mismas exigencias. Consideran que el sector primario ha sido utilizado como “moneda de cambio” frente a los intereses industriales europeos.
