Agentes de la Policía Naciona de la Comisaría de Don Benito–Villanueva de la Serena, han detenido a una mujer de 53 años como presunta autora de un delito de atentado contra personal sanitario, tras agredir a una facultativa durante una asistencia domiciliaria.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos se remontan a la noche del 4 de enero, cuando la detenida solicitó asistencia sanitaria telefónica para un familiar a través del Centro de Asistencia Médica de Villanueva de la Serena. Al no quedar conforme con la valoración realizada por vía telefónica, volvió a requerir atención médica presencial.

Ante esta situación, se desplazaron hasta el domicilio familiar. Durante la intervención, el personal sanitario fue objeto de insultos y amenazas continuas por parte de la mujer. Una vez finalizada la asistencia al paciente, golpeó por la espalda a la profesional sanitaria, causándole lesiones. Fue atendida posteriormente en el Servicio de Urgencias y presentó la correspondiente denuncia policial. Tras las investigaciones realizadas, la Brigada de Policía Judicial de Don Benito procedió el 8 de enero a la detención de la presunta agresora.

El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha valorado la propuesta de financiación singular pactada por el Gobierno con los independentistas catalanes, una iniciativa que considera contraria a los principios históricos del Partido Socialista y a la igualdad entre los españoles. "Cuando alguien mercadea con la igualdad de todos los españoles por una cuestión de supervivencia política, no tengo más remedio que denunciar esa situación", ha sentenciado Ibarra en una entrevista en Canal Sur.

"Prefiero perder las elecciones a la dignidad"

Ibarra considera que si el PSOE no dependiera del voto de los independentistas, no haría esta propuesta. "Si hace esta propuesta, que rompe la igualdad, es sencillamente porque están dispuestos a sacrificar la igualdad de los españoles a cambio del mantenimiento del poder", ha añadido. "Eso no se haría si Pedro Sánchez tuviera mayoría absoluta, se hace porque no la tiene y porque necesita esos votos. Yo prefiero perder las elecciones a perder la dignidad", ha destacado el expresidente extremeño. 

Y en referencia a las voces críticas con sus opiniones en contra de Pedro Sánchez, ha recordado que "los que son traicioneros con el PSOE son los que han defendido la igualdad durante 40 años y ahora están dispuestos a apoyar una situación de desigualdad para mantenerse en el poder". Y apostillaba que no ha firmado lealtad al secretario general sino al partido. 

"Tacharé de la lista" a los que traicionen a Extremadura

Rodríguez Ibarra se refirió también a un posible escenario electoral futuro en el que Pedro Sánchez volviera a presentarse como candidato: “supongamos que este acuerdo con ERC va al Congreso. Si los diputados de mi región votan eso, yo tacharé de la lista a aquellos que hayan traicionado a la región”. Y concluyó: "yo votaré PSOE, pero tachando de la lista a los que hayan traicionado a la región”.

Igualmente, recuerda que él está "en contra de las políticas de Sánchez" porque nunca defendió las políticas que el gobierno está llevando a cabo actualmente. 

A su juicio, “hay muchos candidatos para elegir el relevo” y señala que, si el presidente del Gobierno “tiene que entregar la igualdad a propuestas de otros partidos, que son nacionalistas y no de izquierdas, sería mejor que convocara elecciones y dejara el puesto a otro militante”.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado para el próximo miércoles 14 de enero una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de explicar a los Gobiernos autonómicos la propuesta del modelo de financiación autonómica.

Montero ha explicado este viernes en rueda de prensa su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica y ha convocado de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera la próxima semana, como le estaban pidiendo diferentes regiones del PSOE y del PP.

Cabe recordar que el Gobierno tiene el 50% de los votos en este Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que necesitaría el apoyo de una única comunidad autónoma para sacar adelante su propuesta en este foro multilateral.

Dos mujeres, de 50 y 19 años, han resultado intoxicadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en la localidad cacereña de Casar de Cáceres. Según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el aviso se recibió a las 7:20 horas, alertando de un incendio declarado en una vivienda situada en la avenida Ejido de Abajo del municipio.

Hasta el lugar del suceso se desplazó una dotación de bomberos del SEPEI de Cáceres, que se encargó de las labores de extinción del fuego, además de una patrulla de la Guardia Civil y efectivos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud.

Los servicios médicos atendieron a las dos afectadas por intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Tras una primera asistencia en el lugar, ambas fueron trasladadas al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha alertado del "fracaso" de la normativa contra el acoso telefónico, en referencia a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y Ley General de Telecomunicaciones, tras comprobar que las llamadas comerciales no autorizadas siguen siendo una práctica generalizada. Así lo ha manifestado Lali Bermejo, técnico de la UCE, al presentar los resultados de un estudio realizado entre la población extremeña.

Bermejo advierte de que la existencia de la ley no garantiza su cumplimiento, y señala que la legislación choca con la realidad de las telecomunicaciones modernas y con la capacidad de las empresas para esquivar las normas.

El estudio revela que casi el 64% de los extremeños afirma haber recibido llamadas telefónicas publicitarias no autorizadas, lo que supone cerca de dos tercios de la población encuestada. “Si la norma estuviera funcionando, este dato debería ser justo el inverso”, ha subrayado Bermejo. Solo el 36% asegura no haber recibido este tipo de llamadas, lo que demuestra que el acoso telefónico “no es residual, sino sistemático”.

Además, el 74% de las llamadas se reciben en el teléfono móvil, frente al fijo. Según la UCE, este dato agrava la situación, ya que el móvil acompaña al usuario en todo momento, invadiendo su vida personal “sin importar si se encuentra trabajando, conduciendo o incluso en un hospital”.

Llamadas desde el extranjero para burlar la normativa

Otro de los aspectos más preocupantes del estudio es el origen geográfico de las llamadas. Un 70% de los encuestados afirma haber recibido llamadas procedentes del extranjero, lo que, según Bermejo, explica en gran medida el fracaso de la normativa. Las empresas externalizan estas prácticas a call centers situados en Sudamérica, el norte de África o Europa del Este, países con legislaciones laborales más precarias y normativas de protección de datos más laxas.

A esta externalización se suma la denominada suplantación de identidad en las llamadas, una trampa tecnológica mediante la cual, aunque la llamada se origine fuera de la Unión Europea, en la pantalla del teléfono aparece un número español. Esto aumenta la probabilidad de que el usuario descuelgue y provoca, además, un laberinto jurisdiccional que dificulta enormemente la persecución del fraude.

El estudio también refleja que el problema lejos de mejorar, va en aumento. Ante la pregunta de si reciben más llamadas que hace seis meses, el 66% de los encuestados responde afirmativamente, lo que refuerza la percepción de que el acoso telefónico se ha disparado.

Ante la duda, mejor no contestar

Según la UCE, ya no se trata de operadores humanos marcando números de forma manual, sino de sistemas automatizados capaces de realizar millones de llamadas por hora. Estos sistemas detectan si un número está activo y, cuando el usuario contesta, lo incorporan a bases de datos que se venden a otros operadores. “Contestar para mostrar malestar solo confirma que hay una persona al otro lado y nos convierte en un objetivo prioritario”, ha advertido Bermejo.

La presidenta de la UCE ha alertado además de que la inteligencia artificial puede empeorar aún más la situación, dibujando un “horizonte todavía más oscuro” para los consumidores.

Otro de los grandes obstáculos es la dificultad para denunciar este tipo de acoso. Los consumidores deben demostrar ante la Agencia Española de Protección de Datos que están recibiendo las llamadas, grabarlas, identificar a la empresa responsable y completar complejos formularios, un proceso que disuade a muchos afectados.

Aunque España cuenta con leyes que, sobre el papel, protegen a los consumidores y sus datos personales, desde la UCE consideran que en la práctica estas normas “se quedan en papel mojado”. La ley de atención a la clientela y la Ley General de Telecomunicaciones son, según Bermejo, pasos necesarios pero insuficientes, ya que carecen de mecanismos eficaces.

Por ello, la UCE reclama una cooperación internacional real que permita perseguir de forma efectiva el fraude telefónico transfronterizo y reforzar la protección de los derechos de los consumidores.

El Gobierno de España ha presentado su propuesta para la reforma del sistema de financiación autonómica, un nuevo modelo que prevé un incremento global de los recursos de unos 16.000 millones de euros para el año 2027, gracias a una mayor cesión de impuestos a las comunidades autónomas. Una reforma que, según ha subrayado el Ejecutivo, no supondrá pérdidas para regiones como Extremadura, a pesar de que el diseño inicial beneficia más a las regiones con mayor dinamismo económico.

La propuesta eleva el porcentaje de cesión del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, lo que incrementa la financiación autonómica a través de los principales tributos estatales. Sin embargo, la propia ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reconocido que este mecanismo favorece especialmente a las comunidades “más dinámicas y prósperas”, lo que podría situar en desventaja a territorios como Extremadura.

Uno de los ejes clave de la reforma es la reformulación de la población ajustada, el indicador que determina las necesidades reales de financiación de cada comunidad. En este cálculo se tiene en cuenta la población empadronada (30%), la población protegida equivalente —clave para el gasto sanitario— (38%), la población en edad escolar y universitaria, los mayores de 65 años, los parados sin prestación y factores como la superficie, que supone el 1,6% de la ponderación.

Compensaciones

Para evitar ese efecto, la vicepresidenta primera ha anunciado la incorporación de un instrumento de nivelación adicional que garantice que “ninguna comunidad pierda dinero” con el nuevo sistema. Montero ha mencionado expresamente a Extremadura y Cantabria, asegurando que, aunque estas regiones no resulten especialmente beneficiadas por el incremento de la cesión fiscal, al menos mantendrán los recursos actuales.

Por ello, estas comunidades recibirían un incremento de 216 millones de euros, en el caso de Extremadura y 46 millones en el de Cantabria a través del Fondo de Compensación Interterritorial para establecer un tramo específico para las comunidades que antes del 'statu quo' están por debajo de la media en financiación por habitante ajustado.

De este modo, ha descartado una ordinalidad total en el reparto, es decir, que las comunidades con mayor capacidad recaudatoria queden siempre por delante en financiación por habitante, una reivindicación que preocupa especialmente a las regiones con menor renta y mayor dispersión poblacional.

La ministra ha defendido que la reforma responde al compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez de actualizar un modelo que llevaba 17 años caducado, y ha subrayado que “no hay mejor manera de defender el Estado del Bienestar que reformular el sistema de financiación”.

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta y distribución de drogas que operaba en la Sierra Norte de Sevilla y que abastecía también a varias localidades de la provincia de Badajoz, entre ellas Azuaga y Malcocinado. La operación se ha saldado con dos personas detenidas y otras dos investigadas por un presunto delito contra la salud pública.

La actuación ha culminado tras casi un año de investigación, con la incautación de 1.325 gramos de cocaína y 3.800 gramos de hachís, además de dinero en efectivo y diverso material relacionado con el tráfico de estupefacientes.

Según ha informado la Guardia Civil, el centro neurálgico de la red se encontraba en un inmueble de la localidad sevillana de Alanís, donde se autorizó la entrada y registro tras meses de vigilancia. En el interior se intervinieron 1.300 gramos de cocaína en roca, otros 25 gramos ya dosificados para su venta, placas de hachís, más de 11.000 euros en metálico, un vehículo y varios dispositivos electrónicos.

Durante el registro también se localizó un arma blanca de grandes dimensiones, munición, una caja fuerte y distintos útiles empleados para el pesaje, corte y distribución de las sustancias.