La Audiencia Provincial de Badajoz aborda este lunes los recursos presentados por la Fiscalía y los once investigados, entre ellos David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, contra el auto de procesamiento por su contratación en la Diputación de Badajoz y en el que las acusaciones piden tres años de prisión.

Dicho auto, firmado el pasado 28 de abril por la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, transformaba la instrucción en procedimiento abreviado. En su auto, Biedma decidió procesar a David Sánchez, al entonces presidente de la Diputación de Badajoz y actual secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas más por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La Fiscalía y los letrados de los once investigados presentaron recursos al citado auto, los cuales son abordados este 15 de septiembre por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, formada por cuatro magistrados, entre ellos su titular, José Antonio Patrocinio.

Las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria de Extremadura (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT-SP) han acordado un calendario de movilizaciones que arrancará con una jornada de huelga el próximo 7 de octubre. El objetivo es reclamar la homologación salarial de los docentes extremeños, que según advierten, serán a partir del 1 de enero de 2026 los peor pagados de toda España.

Sin novedades en la negociación

El portavoz intersindical, Marcos Plasencia, ha recordado que la reivindicación comenzó en noviembre de 2024 y que la última reunión con la consejera de Educación, celebrada el 15 de mayo de este año, fue “decepcionante”, al cerrarse sin acuerdo. La consejera había prometido públicamente que los docentes extremeños no podían ser los peor pagados, ha asegurado, y que tendrían la homologación con presupuestos o sin presupuestos, pero desde entonces la administración "ha bloqueado la negociación”, han denunciado.

Los sindicatos aseguran que, pese a haber comunicado en junio la posibilidad de convocar huelga para este curso, la Junta no ha reanudado el diálogo. “La Consejería de Educación actúa irresponsablemente, fomentando un conflicto que perjudicará a todo el sistema educativo”, ha lamentado Marcos Plasencia.

El bloque sindical hace un llamamiento al profesorado extremeño para que secunde las movilizaciones y la huelga de octubre “en defensa de sus derechos económicos”.

Este jueves ha quedado visto para sentencia el juicio contra un hombre acusado de intentar matar a su pareja en Badajoz, tras golpearla gravemente con una pala de obra y un rastrillo en julio de 2024.

Petición de Fiscalía

Según la Fiscalía, el acusado entró de madrugada en el domicilio de la víctima, despertándola a golpes y propinándole fuertes patadas. Posteriormente, la golpeó en la cabeza y el muslo con la pala y el rastrillo. La mujer logró escapar y fue atendida en el hospital por las heridas sufridas.

El Ministerio Fiscal sostiene que estos hechos no fueron un episodio aislado, sino que la víctima sufría violencia habitual, y solicita para el presunto agresor una pena de casi 18 años de cárcel: 15 por tentativa de asesinato y 3 por maltrato habitual.

Posición de la Defensa

Por su parte, la defensa solicita la absolución, argumentando que no hubo violencia ni maltrato, y que la propia víctima retiró la denuncia tras los hechos. El acusado permanece en prisión provisional, y el juicio se ha celebrado a puerta cerrada para proteger la identidad de la víctima.

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha anunciado que la Junta trasladará a los juzgados los incumplimientos detectados en el servicio de transporte escolar por parte de un grupo minoritario de empresas. “No vamos a consentir que se utilice a los alumnos extremeños y a sus familias por intereses particulares que van en contra del interés general”, ha advertido durante su comparecencia en el pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves.

"Grupo minoritario de empresas"

Vaquera ha defendido su gestión, asegurando que el Ejecutivo autonómico ha trabajado con “rigor, previsión y planificación” durante meses para garantizar el servicio, incorporando en el acuerdo marco del pasado curso las reivindicaciones del sector. Dicho acuerdo, ha recordado, fue respaldado por todas las empresas y contemplaba una subida media del 20 % en los precios, con incrementos de hasta el 50 % en algunas rutas, respecto a las tarifas de 2016, fecha en la que se llevó a cabo la última actualización de los precios del sector, ha recordado la consejera.

“Denunciamos porque no podíamos mirar hacia otro lado ante una situación de amenazas, coacciones y presiones de un grupo minoritario de empresas que lo que buscaban era alterar los precios del servicio”, afirmó la consejera. A pesar de haber aceptado el acuerdo, estas compañías no han querido licitar con los precios establecidos y ahora, señaló, deberán responder ante la justicia.