El XIX Congreso de Cermis Autonómicos ha concluido este miércoles en la Asamblea de Extremadura con la lectura de la Declaración de Mérida sobre 'Políticas de discapacidad en la frontera', que es un documento que sienta las bases para una alianza hispano-portuguesa en materia de derechos, inclusión y bienestar de las personas con discapacidad y sus familias.

La Declaración, suscrita por las 20 plataformas autonómicas del Cermi junto a representantes de la sociedad civil portuguesa, advierte de que la frontera entre ambos países "ha funcionado históricamente como un vacío que agrava el déficit de ciudadanía", y reclama "transformarla en un puente de cooperación y derechos compartidos".

En su texto, el movimiento Cermi reafirma su compromiso con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y anuncia la creación del Pacto de Mérida (2026-2028), con objetivos medibles en cooperación transfronteriza, accesibilidad universal, empleo inclusivo, innovación social y tecnología accesible.

Entre sus compromisos, el documento llama a la creación de un Espacio Ibérico de Discapacidad, sustentado en un tratado internacional entre España y Portugal que reconozca mutuamente las situaciones de discapacidad y sirva como buena práctica regional ante la Unión Europea.

Asimismo, exige a ambos gobiernos celeridad en la transposición de la Directiva europea sobre la Tarjeta Europea de Discapacidad y de Estacionamiento, y reclama a la UE situar la discapacidad "en el centro de su agenda social y presupuestaria", informa Cermi.

"España y Portugal deben ser pioneros en esta cooperación y pasar de los discursos a los hechos. Sin derechos, inclusión y bienestar no hay un verdadero modelo europeo", señala el texto, que hace un llamamiento a la máxima difusión de esta Declaración y a la colaboración activa de las instituciones, la sociedad civil y el Foro Europeo de la Discapacidad para convertir sus compromisos en una realidad tangible.

Clausura

La clausura del XIX Congreso de Cermis Autonómicos ha corrido a cargo del presidente de ONCE Extremadura y secretario general del Cermi Extremadura, Venancio Ortiz, quien ha abierto el acto con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la DANA, al cumplirse un año del suceso.

Ortiz ha agradecido la asistencia en el 25º aniversario de la creación del Cermi en Mérida, y ha reconocido especialmente la colaboración de las diputaciones provinciales, la Junta de Extremadura, la Fundación CB, así como el "apoyo constante" del Ayuntamiento de Mérida y la Asamblea de Extremadura.

Asimismo, ha subrayado que el objetivo del congreso ha sido no sólo alcanzar acuerdos que beneficien a las personas con discapacidad, sino también fomentar la convivencia, la amistad y la unidad del movimiento, recordando que "las cosas se consiguen porque vamos todos a la vez".

A continuación, la comisionada de Cermis Autonómicos del Cermi Estatal, Teresa Palahí Juan, ha destacado que Mérida se ha convertido en estos dos días en la capital de la discapacidad hispano-portuguesa.

De igual modo, ha valorado el carácter innovador del encuentro, centrado en las políticas transfronterizas, y ha celebrado que el congreso haya dado lugar a un verdadero "tratado ibérico" reflejado en la Declaración de Mérida, recordando que "las fronteras deben ser puentes que nos unan". Palahí ha subrayado, además, la fuerza del trabajo en red y "el valor de la unidad" como motores de cambio.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha expresado su compromiso con el movimiento Cermi, y ha agradecido la "estrecha colaboración" mantenida a lo largo de los años, destacando que la Asamblea "se ha convertido en un espacio de encuentro del tercer sector y de la soberanía extremeña".

Ponencias

La jornada final, celebrada en la Asamblea de Extremadura, ha comenzado con la visita al edificio de la Cámara autonómica, tras lo cual se ha desarrollado un homenaje al sistema de lectoescritura braille, en el 200º aniversario de su creación por Louis Braille.

A continuación, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres y secretaria general del Foro Europeo de la Discapacidad, Ana Peláez Narváez, ha intervenido con la ponencia 'Mujeres y niñas con discapacidad, su momento', en la que ha reclamado que la igualdad de género y la inclusión "formen parte del núcleo central de las políticas públicas y de los fondos europeos".

Además, ha subrayado la importancia de que las propias mujeres con discapacidad asuman el liderazgo del movimiento de la discapacidad, al afirmar que "éste es el momento de las mujeres y las niñas con discapacidad".

En su intervención, Peláez ha recordado, también, que una de cada cinco mujeres en el mundo viven con discapacidad, y que en Extremadura más de 65.000 mujeres se encuentran en esta situación, de las cuales unas 7.000 están institucionalizadas. "Sólo una de cada seis mujeres con discapacidad tiene empleo y el 90 por ciento sobrevive con pensiones no contributivas", ha alertado.

De igual manera, ha advertido de que una de cada diez mujeres en España viven en pobreza extrema y que "muchas" son excluidas del sistema educativo por falta de apoyos básicos, como ocurre con las niñas a las que se invita a abandonar la escuela ordinaria por necesitar asistencia para su higiene menstrual.

Al mismo tiempo, Peláez ha subrayado que estas realidades son "violaciones graves de derechos humanos", y ha reclamado medidas urgentes para combatir la violencia, el abuso y la exclusión estructural que siguen sufriendo las mujeres y niñas con discapacidad.

Entidades locales

El programa se ha completado con el conversatorio 'Las entidades locales, promotoras de la inclusión de las personas con discapacidad: el caso extremeño', moderado por el presidente de Feafes Extremadura, Antonio Lozano, y con la participación de Gema Buceta Planet (Diputación de Badajoz), Sheila Martín Gil (Diputación de Cáceres) y David Gago Ruiz (FEMP).

Buceta ha destacado el papel de las diputaciones como apoyo al tejido asociativo, y ha anunciado un incremento del 25 por ciento en las políticas sociales de la Diputación de Badajoz hasta 2026, además de la puesta en marcha de un programa de adaptación de vehículos públicos a demanda, "desbordado por la alta demanda existente".

A su vez, Sheila Martín ha subrayado la vocación municipalista de la Diputación de Cáceres y su compromiso con que "la igualdad real llegue a cada rincón, por pequeño que sea", con iniciativas como el programa Integra+ para el empleo de personas con discapacidad y la adaptación de vehículos y taxis públicos.

Por su parte, David Gago ha defendido el papel de la FEMP como espacio de coordinación municipal en políticas integrales de discapacidad, y ha reclamado una mayor agilidad en la respuesta de las Administraciones. En una región eminentemente rural como Extremadura, han coincidido en que la cooperación institucional es "clave" para construir territorios más inclusivos y accesibles.

El congreso ha concluido con el anuncio de que el próximo Congreso de Cermis Autonómicos se celebrará en Canarias, tal y como ha confirmado la presidenta del Cermi Canarias, Carmen Laucirica.

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz han detenido el pasado día 28 de octubre a una mujer por delito de usurpación de estado civil y descubrimiento y revelación de secretos.

La víctima denunció que sus imágenes e identidad estaban siendo utilizadas en una conocida red social de citas, y que las tomas habían sido captadas desde una red social suya, a la que sólo sus amigos tenían acceso.

Víctima conocida

De la investigación se hizo cargo el grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Brigada Provincial de Badajoz quienes tras realizar las pertinentes gestiones y reducir el círculo de posibles autores al entorno de la víctima, averiguaron que se trataba de una conocida suya, informa la Policía Nacional.

Los agentes localizaron y detuvieron a la presunta autora, una mujer de 28 años de edad, y elaboraron el correspondiente atestado policial y lo remitieron a la autoridad judicial correspondiente.

La Unión de Consumidores de Extremadura pone el foco en la falta de transparencia de los establecimientos de compraventa de oro en la región. La organización ha visitado 18 locales de esta temática, situados en Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida y Plasencia. En todas ellas han presentado una alianza de oro de 18 quilates, pero han encontrado una diferencia de peso de más del 12% en función de la tienda, algo que puede acabar siendo significativo en joyas de un peso importante.

Por ello, la organización recomienda pesar la pieza antes de llevarla para saber de antemano cuál es su peso real. Además, han comprobado que, en el 75% de los casos, la báscula no se muestra al cliente.

Por ello, piden que estas básculas que se utilizan para pesar el producto estén sujetas a controles periódicos por parte de la administración. "Todas las básculas deben llevar adherida una etiqueta de verificación. Esta etiqueta deberá estar en el propio aparato o en la instalación que lo soporta, de forma permanente y totalmente visible en dicha etiqueta debería de figurar el resultado de la verificación, así como la fecha final de su validez", explica la organización. También, han solicitado al Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX) una campaña de control sobre las básculas utilizadas en este tipo de establecimientos.

Por otra parte, han encontrado también diferencias en cuanto al precio que se paga por gramo de oro. Para esos 18 quilates, van desde los 53 euros el gramo ofrecido en un establecimiento de Mérida a los 68,75 en Badajoz. Esto supone que, si la joya que está en venta pesa 2,5 gramos, la diferencia de precio entre un establecimiento y otro llega a rozar el 23%.

Oscilación de precios

Dentro de la misma localidad, también encuentran diferencia de precios, pero en menor porcentaje. Por ejemplo, en Mérida el precio más bajo fue de 53 euros el gramo, frente a los 60 del mejor precio (12%). En Cáceres, el precio más bajo ha sido de 55 euros y medio y, el más alto, de 65 (17%). La gran diferencia la encontraron en Badajoz, donde había una oscilación de precio de 12,75 euros el gramo entre el establecimiento que más o menos ofrece. Es decir, la misma joya, que en este caso pesa 2,40 gramos, en el establecimiento más económico de los visitados les ofrecieron 127,20 euros (a 53 el gramo), mientras que en el comercio con mejor precio de oro les dieron 165 euros.

La organización encargada del estudio advierte de que han encontrado comercios que publicitaban un determinado precio y ofrecían otro distinto, situación que no debería darse. "De la misma manera, la aplicación de la cotización a ese peso, también se hace de forma absolutamente opaca para el cliente en más del 90% de los establecimientos. Bien sea en el ordenador o directamente en la calculadora. No hemos tenido acceso al resultado final de esas operaciones", explican.

La Unión de Consumidores de Extremadura alerta también del "regateo" de precios que han encontrado en algunos locales y aconsejan a los clientes que, antes de la venta, visiten distintos establecimientos para poder comparar.

Piden a las autoridades que refuercen la regulación del sector y que las tiendas estén obligadas a mostrar públicamente el peso, la ley del metal y los criterios de tasación utilizados. 

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado la importancia de denunciar ante la Policía o la Guardia Civil cualquier sustracción de aceituna durante la campaña, recordando que “los robos que no se denuncian no existen”.

Quintana ha hecho estas declaraciones tras participar en Almendralejo en una reunión sobre medidas de seguridad en la campaña de la aceituna, que, hasta ahora, está siendo “muy positiva” por la disminución de los robos.

El delegado ha valorado el trabajo conjunto de las administraciones y el nuevo decreto para la trazabilidad de la aceituna, que ha reducido los puestos de control de más de 133 a 44, reforzando la vigilancia sobre el producto. Además, ha señalado que se han cerrado dos puestos recientemente, “lo que demuestra que se está actuando”.

Para Quintana, un desafío adicional es determinar el destino de la aceituna robada, que podría ser Portugal u otras comunidades autónomas. Por ello, la Guardia Civil ha reforzado la seguridad con helicópteros, drones y la unidad de caballería, contando también con la colaboración de la Guardia Nacional Republicana.

El delegado insistió en que solo los robos denunciados pueden ser perseguidos, y subrayó que los agricultores han entendido la necesidad de colaborar para proteger la campaña y garantizar que se desarrolle sin incidentes.