Extremadura ha enviado, junto a otras 11 comunidades, una carta al Ministerio de Transición Ecológica con las valoraciones del plan que, consideran, cuenta con una tramitación demasiado compleja, no contempla ayudas directas y carece de avances en la gestión administrativa. Todo ello, dice el Gobierno regional, pone en riesgo la eficacia y el alcance real del programa.
Extremadura, junto a esas otras once comunidades autónomas, ha expresado su preocupación por el diseño de la nueva línea de ayudas de movilidad eléctrica anunciada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así, estas regiones consideran que el modelo propuesto "no solo repite errores del pasado sin introducir mejoras sustanciales" sino que genera un "alto grado de inseguridad jurídica, lo que dificulta e impide el inicio de su implementación".
Según han indicado estos Gobiernos autonómicos, el nuevo esquema mantiene una tramitación "excesivamente compleja, no contempla ayudas directas y carece de avances en la gestión administrativa", lo que se traduce en una "mayor carga burocrática" para las comunidades y "pone en riesgo la eficacia y el alcance real" del programa. Las comunidades firmantes han mantenido hace pocos días una reunión con el ministerio para trasladar estas inquietudes y, a la misma, ha acudido la directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor.
Tras dicho encuentro, Pastor y sus homólogos han considerado que no han recibido una respuesta "clara ni formal" por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), lo que sigue generando "incertidumbre y preocupación". Previamente a este encuentro, estas valoraciones sobre el nuevo modelo de ayudas a la movilidad han sido trasladadas formalmente al ministerio mediante cartas firmadas por dichas comunidades autónomas, en concreto, de Extremadura, Aragón, Andalucía, Castilla y León, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja y la Región de Murcia.
En las misivas se ha recordado que el Gobierno central no ha cumplido los compromisos adquiridos hace más de un año para introducir mejoras estructurales en la gestión de estas ayudas, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.
Al mismo tiempo, han destacado que, aunque se presenta como una continuidad, el nuevo modelo obliga a iniciar desde cero, mediante una nueva orden de convocatoria en cada territorio, lo que implica "más carga administrativa, más retrasos y ningún avance significativo "como la implementación de un sistema de ayudas directas en el punto de venta, una solicitud compartida por las administraciones regionales y los actores del sector.
Además, han advertido de que el planteamiento actual "no resuelve las incertidumbres jurídicas y técnicas ya detectadas" y consolida un esquema de ayudas que consideran "ineficaz". En este contexto, insisten en la necesidad de una "aclaración urgente" y una "definición formal" por parte del Ministerio sobre aspectos clave del programa.
"Propuestas claras"
La Junta ha señalado que las comunidades autónomas llevan tiempo trasladando al Gobierno central propuestas "claras, técnicamente sólidas y ampliamente respaldadas" tanto por el sector como por instituciones europeas, orientadas a lograr una distribución "más eficaz, ágil y directa de las ayudas".
Entre ellas han destacado descuentos inmediatos en el punto de venta para vehículos eléctricos y puntos de recarga, incentivos fiscales, como la deducción total del IVA para empresas que electrifiquen sus flotas o la simplificación de trámites administrativos, conforme a los estándares de la Comisión Europea, basada en procedimientos "más simples, rápidos y ligeros".
Del mismo modo, las CCAA han reclamado también una "aclaración formal" y posicionamiento firme por parte del Ministerio sobre las "inseguridades jurídicas" detectadas.
Esta actuación es fundamental para aplicar el programa, como el reparto de fondos entre territorios, el régimen transitorio entre convocatorias, el tratamiento específico de ciertos tipos de empresas o la cobertura del personal necesario para la gestión del plan.
"La no resolución de estas cuestiones planteadas por las comunidades autónomas imposibilita lanzar la convocatoria y asegurar la concesión, pago y llegada de las subvenciones a los ciudadanos y empresas", ha recalcado el Ejecutivo extremeño.
Compromiso con la movilidad eléctrica
Pese a la falta de definición a nivel estatal, las comunidades autónomas han reiterado su "compromiso firme" con la transición energética y la electrificación del transporte. En este sentido, varios gobiernos regionales han aprobado modificaciones presupuestarias para culminar la ejecución del Plan Moves III, que se suman a las inversiones ya movilizadas en el marco de los programas de autoconsumo y movilidad sostenible. Asimismo, las comunidades han manifestado su total disposición a colaborar con el Ministerio y con el IDAE para alcanzar un modelo de ayudas "realista, coordinado y eficaz", que permita que los fondos lleguen de "forma ágil" a los ciudadanos y empresas.
"Las autonomías se declaran abiertas a trabajar de forma conjunta para aterrizar técnicamente el programa y solventar los elementos pendientes que impiden su correcta aplicación", ha asegurado la Junta de Extremadura.
