La Fundación Quién Sabe Dónde Global ha vuelto a plantear públicamente varias reclamaciones que considera urgentes para mejorar la protección jurídica y social de las personas desaparecidas en España. Entre las principales demandas se encuentran la creación de un Estatuto de las Personas Desaparecidas y la puesta en marcha de una fiscalía especializada en desapariciones, dos herramientas que, según la entidad, permitirían dar una respuesta más eficaz y garantista a miles de familias que hoy permanecen en un limbo legal.
El Estatuto, señalan, debería servir como base para una futura ley orgánica que blindara los derechos tanto de la persona desaparecida como de sus familiares, aportando estabilidad jurídica y evitando que normativas de menor rango puedan modificarse con facilidad. Este marco legal reforzado permitiría, entre otros aspectos, proteger el derecho al honor del desaparecido, regular la administración de sus bienes y dotar de un procedimiento más seguro a quienes se ven obligados a tomar decisiones legales complejas mientras dura la desaparición.
La Fundación insiste además en la necesidad de una fiscalía especializada que atienda la singularidad y complejidad de estos casos. Esta estructura permitiría un tratamiento integral, especializado y más visible de las desapariciones, favoreciendo la coordinación territorial y reduciendo la carga que recae sobre las familias, que a menudo carecen de recursos para afrontar todo el proceso judicial derivado de la desaparición de un ser querido.
Su vicepresidente, Paco Lobatón, denuncia que actualmente las desapariciones en España se gestionan bajo un marco legal “propio del siglo XIX”, con plazos y mecanismos que provocan que numerosos expedientes terminen archivados o sobreseídos provisionalmente, interrumpiendo investigaciones clave.
Entre las cuestiones planteadas, la Fundación llama la atención sobre las consecuencias legales del actual plazo de diez años previsto en el Código Civil para declarar fallecida a una persona desaparecida sin indicios de riesgo extremo. Un periodo que, según señalan, provoca situaciones especialmente dolorosas para las familias, que durante ese tiempo ven prácticamente inmovilizado el patrimonio del desaparecido y no pueden realizar actuaciones esenciales como vender una vivienda, gestionar cuentas o formalizar operaciones patrimoniales sin autorización judicial.
En este contexto, Lobatón reivindica la necesidad de incorporar la figura de la “persona desaparecida no retornada”, que permitiría evitar que las familias se vean obligadas a certificar la muerte de su ser querido cuando todavía no existen pruebas concluyentes. La Fundación subraya que esta figura jurídica ofrecería un marco más humano y adaptado a la realidad de quienes conviven durante años con la incertidumbre y la ausencia.
El vicepresidente de la Fundación también se ha referido al avance de investigaciones abiertas en Extremadura. Sobre el caso de Francisca Cadenas, desaparecida en Hornachos, asegura que en el municipio se vive una gran expectación ante el trabajo de la UCO, que podría acercar la resolución del caso. En cambio, sostiene que no hay avances en la investigación de la desaparición de Rosalía Cáceres, y recuerda que su familia reclama que se intensifiquen los esfuerzos.
Con estas reivindicaciones, la Fundación Quién Sabe Dónde Global pretende situar de nuevo en la agenda pública la necesidad de un marco legal moderno, garantista y adaptado a la realidad actual de las desapariciones en España.
