Cada año más mujeres cruzan las puertas de la reproducción asistida para convertirse en madres. Y cada vez son más mayores, con una media de 38 años. 

La edad es un condicionante muy importante para la calidad de los óvulos. "Sobre todo a partir de los 37 o 38 años, pierden calidad de manera exponencial", dice el doctor José Antonio Domínguez, director médico de IERA, en Badajoz.    

Alicia Crespo es una de esas madres. Desde hace un año tiene al pequeño Manuel, gracias a un tratamiento in vitro que pudo hacer en la sanidad pública. 

"Empezamos por las inseminaciones, no funcionaron y ya fuimos a la fecundidad, se hizo la transferencia... y aquí está"

En su caso no hubo que recurrir a la donación de óvulos, pero si es necesario ahora será posible en el SES para las mujeres de hasta 40 años. También la sanidad pública ofrecerá la opción de congelar ovocitos en pacientes con patologías benignas, no solo oncológicas.

Una opción que se realiza mucho en la sanidad privada, en mujeres sin problemas médicos. Son casos de mujeres de 37 o 38 años que en esos momentos no están en condiciones de tener un hijo, pero quieren conservar sus óvulos por si algunos años después sí llegan esas condiciones y temen que entonces sus óvulos no sean lo suficientemente buenos para conseguirlo con garantías.

Porque ante una maternidad cada vez mas tardía, aumentan las opciones de tratamientos de fertilidad, cada vez mas seguros. 

"Si se amplía el rango de edad, se va atender a más población y más personas se van a beneficiar de eso"

"Yo animo a esas parejas para que vayan a buscarlo, con ayuda si hace falta, no pasa nada", dice Alicia. Porque formar una familia recompensa cualquier espera e inquietud de los tratamientos. 

Los jueces y fiscales insisten: su papel es esencial para garantizar los derechos fundamentales. Por eso, este sábado han querido alzar la voz ante el Tribunal Supremo para reclamar independencia judicial.

Han llegado desde toda España, también desde Extremadura. 

"Esto no va contra nadie, solo queremos defender nuestra independencia porque sin Poder Judicial no hay democracia"

En el punto de mira, la conocida como Ley Bolaños. Creen que abre la puerta a criterios más subjetivos para acceder a la carrera judicial frente al mérito y la igualdad, lo que supondría, dicen, el mayor retroceso del poder judicial en 40 años, en contra de lo que marca Europa.

Pero además se oponen a los cambios en el Ministerio Fiscal que fortalecerían la figura del fiscal general del Estado. Reformas que, insisten, politizarían la justicia.

"Se crean distintas vías de acceso: una ardua y difícil para quien no tiene contactos, y otra más sencilla para que la transiten quienes quiera el poder"

Un acto en el que también se han escuchado insultos y abucheos al presidente del Gobierno.

Ahora seguirán tres días de huelga el 1, 2 y 3 de julio. Un paro convocado por cinco asociaciones, todas menos las progresistas, que no reconoce el Ministerio de Justicia ni el Consejo General del Poder Judicial.

El CGPJ considera que no tiene sustento normativo, por lo que no ha fijado servicios mínimos. Lo han hecho los propios convocantes, quienes la defienden como una medida legítima, proporcionada y responsable.