Más de 40 empresas del sector del transporte escolar en Extremadura han emitido un comunicado conjunto para desmentir las declaraciones realizadas por la Consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, en su comparecencia ante los medios este lunes. Las compañías aseguran que la raíz del conflicto no está en presuntas coacciones ni exigencias ilegales, sino en el “grave incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre Administración y operadores del sector el pasado 12 de marzo de 2025”.
Las empresas lamentan que la situación haya derivado en un "caos" que afecta directamente a las familias en el inicio del curso escolar. Recalcan que su objetivo sigue siendo “ofrecer un servicio de calidad, garantizando la seguridad de los estudiantes y unas condiciones justas tanto para los trabajadores como para las propias compañías”.
El comunicado, denuncia un contexto de “engaño, falta de compromiso y acusaciones falsas”, y recuerda que el documento firmado por la Consejera incluía compromisos como la modificación del Acuerdo Marco y la actualización de tarifas. Sin embargo, aseguran que la Administración ha decidido seguir adelante sin aplicar los cambios prometidos.
Ninguna petición ilegal
Además, rechazan las acusaciones de la Consejera, quien afirmó que las empresas habían pedido “firmar compromisos contrarios a la ley” y que habían ejercido "coacciones". El sector responde que “nunca ha solicitado nada ilegal” y subrayan que sus propuestas ya se aplican legalmente en otras comunidades autónomas.
Explican que durante las negociaciones mantenidas el pasado fin de semana, las empresas y la Consejería habían alcanzado "de manera verbal una serie de acuerdos que se ajustaban plenamente a la legalidad", sin embargo, "la sorpresa llegó cuando las compañías recibieron el documento oficial para su firma y comprobaron que esos puntos pactados no figuraban en el texto".
El comunicado también denuncia episodios de presunta intimidación, como la visita de "supuestos empleados públicos" a domicilios de empresarios y llamadas telefónicas en las que les habrían amenazado "con emprender acciones legales" si no retomaban el servicio. El sector considera que estas acciones evidencian “una estrategia de intimidación que agrava aún más la falta de confianza hacia la Consejería”.
Finalmente, las empresas reiteran su disposición al diálogo, siempre que se respeten los acuerdos previos y se eliminen las presiones. “El objetivo de las empresas es, y ha sido siempre, el poder prestar un servicio de calidad a todos los estudiantes de Extremadura”, concluyen.
