Un día después de que las compañías eléctricas decidieran dar un paso más en la defensa de la continuidad de la central nuclear de Almaraz, los comités de empresa de todas las plantas nucleares del país se han dado cita en la localidad extremeña. El objetivo: consensuar una postura común frente al calendario oficial de cierre de las centrales y analizar las consecuencias económicas y sociales que este podría acarrear.

La reunión se produce en un momento clave, ya que las tres empresas propietarias de Almaraz —Iberdrola, Endesa y Naturgy— trabajan para solicitar formalmente al Gobierno la prórroga de la actividad de la central hasta el año 2030. Esta decisión ha sido recibida con entusiasmo por la Plataforma Sí a Almaraz, que desde hace años defiende la continuidad de la instalación como motor económico de la comarca. Recuerdan que  el cierre de la central supondría la pérdida de unos 4.000 empleos, entre directos e indirectos, en la zona de Campo Arañuelo. Un impacto que preocupa especialmente a los sindicatos, que advierten del riesgo de despoblación y deterioro económico si no se garantiza una transición justa y planificada.

Desde este verano, el Gobierno se abre a que las nucleares sigan abiertas y pone dos condiciones a las eléctricas: que no suban el recibo a los consumidores y que garanticen el suministro y la seguridad. En el puzzle otra pieza fundamental: los partidos catalanes en el Congreso, Junts y ERC, no quieren que se cierren las centrales que hay en Cataluña. De hecho se abstuvieron en una reciente moción del PP para alargar la vida de las  Nucleares en las que PSOE y SUMAR votaron en contra. 
 

Un hombre de 39 años de edad ha resultado herido de carácter 'menos grave' tras ser atropellado en una calle de Badajoz estando bajo los efectos de una intoxicación alcohólica.

El siniestro ha tenido lugar pasadas las 22,30 horas de este pasado martes, 21 de octubre, en la calle Adel Pinna Casas de la capital pacense, según los datos que facilita el 112 de Extremadura.

Como consecuencia del atropello ha sufrido un trauma en la cadera y el muslo, de modo que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz. Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de la Policía Local.

El Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura ha registrado su anunciada enmienda a la totalidad al Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 en la que solicita su devolución a la Junta, al considerar que son "muy mediocres", que no sirven para afrontar los problemas de la región, y que solo son una excusa para el adelanto electoral que, según esta formación, persigue la presidenta, María Guardiola.

Se trata de la primera que se presenta sin que por el momento ningún otro grupo de la oposición, PSOE y Vox, haya confirmado a falta de un día para que acabe plazo que vayan a solicitar la devolución de las cuentas. La enmienda a la totalidad de Unidas por Extremadura será debatida el próximo martes, 28 de octubre, en el pleno de la Asamblea.

En declaraciones a los medios de comunicación tras registrar la enmienda, la portavoz de la formación, Irene de Miguel, ha reiterado que Guardiola no tiene intención de aprobar sus presupuestos y que su objetivo es adelantar las elecciones autonómicas "como le ha marcado" el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, ha señalado que el planteamiento de la presidenta extremeña de "o me aprobáis las cuentas o el scattergoris es mío y me lo llevo", a referencia a la convocatoria de elecciones anticipadas, indica "un infantilismo político bastante apabullante".

Grandes retos

En cualquier caso, considera que son una cuentas "muy mediocres, muy pobres y siguen la senda de los presupuestos anteriores que fueron bastante ridículos", así que no permiten afrontar "los grandes retos que tiene Extremadura".

Entre ellos ha situado la "emergencia habitacional", en tanto que la Consejería de Vivienda "solo aumenta un 0,5%" su presupuesto, lo cual "indica por dónde van los tiros"; mientras que en política fiscal son un "corta pega" de la que lleva a cabo Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que a los extremeños no les "beneficia en absoluto", más bien "al contrario".

En este sentido, añade que se trata de una "política fiscal colonial" por la que se regala, sostiene de Miguel, los impuestos "a los más ricos, a las grandes fortunas de Extremadura", y ahora también "a las grandes eléctricas que llevan décadas haciéndose de oro en Extremadura", en alusión a la reducción de la 'ecotasa'.

"Nosotros nos tenemos que oponer frontalmente a estos presupuestos, porque creemos que las cuentas extremeñas tienen que ser unas cuentas sociales", añade la líder de la coalición de izquierdas. En su opinión, han de abordar las listas sanitarias o hacer efectiva la homologación salarial de los docentes.

Asimismo ha criticado que la Consejería de Gestión Forestal sea la que más disminuye su presupuesto "después de lo que ha sucedido este verano", con los grandes incendios que han afectado a la comunidad autónoma. "Es realmente tremendo la óptica que el PP tiene de Extremadura", ha lamentado.

Política fiscal del PP

En su enmienda, ha asegurado, la formación "desmonta" la política fiscal que el gobierno extremeño del PP quiere "vender", respecto a que "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos".

Así, sostiene que el porcentaje al que se acoge la comunidad de beneficios fiscales de todas las comunidades autónomas en estos años no llega al 1 por ciento, frente "al más del 50 que adquiere Madrid", una política fiscal que "no nos puede beneficiar en ningún caso" a los extremeños, y que supone un "seguidismo" de las políticas del PP que tendrán "relativo éxito" en "otras comunidades como Madrid" que buscan "atraer la riqueza de todos los territorios adyacentes".

Una política fiscal que provoca que la región no tenga "dinero para afrontar los verdaderos problemas" a los que se enfrenta, entre los que ha situado la homologación salarial de los docentes o las listas de espera sanitaria.

En este punto se ha referido a la "deriva" que llevan servicios públicos como la sanidad, que es "muy preocupante", como en el caso de la espera quirúrgicas prioritaria que se encuentra en 121 días, cuando la ley dice que no deberían ser más de 30. "Eso es criminal", ha espetado, al igual que lo son los plazos de espera en una atención primaria "absolutamente quebrada".

Asimismo, ha criticado que se permita a los jefes de servicio trabajar "para el enemigo", en referencia a la sanidad privada, es decir "para quien además hace beneficio a costa de destruir la sanidad", al igual que ocurre en educación, donde se está "abriendo la puerta a la concertada, a la privatización de la educación" mediante "esa política de cheques" para guardería o para academia de inglés, creando además un "agravio comparativo" a la población de zonas rurales donde "esos negocios no existen".

En dependencia, "más de lo mismo", al seguir con "un modelo 'low cost' total", al tratarse de la comunidad autónoma que "menos gasta por residente". Por todo ello, ha concluido que "son unos presupuestos que desde una óptica progresista, desde una óptica de izquierdas, no se pueden aprobar".

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, espera que se haga realidad "lo antes posible" la petición de la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz por parte de las empresas, que deben entregar esa petición antes de que concluya el mes de octubre.

"Nosotros deseamos que eso se haga realidad lo antes posible y que se atienda esa petición, o esa futura petición, cuando la hagan, por parte del Gobierno de Sánchez", ha dicho la consejera, que ha añadido que el Gobierno de Extremadura va a "dar la batalla" en este asunto porque "el cierre de Almaraz responde a ideologías y no al sentido común".

Morán ha indicado que si se cierra la planta nuclear extremeña la región perderá soberanía energética, activos económicos y empleo, por lo que ha confiado en que las empresas presenten la documentación y el Ejecutivo central atienda esa petición de continuidad.

"No hay ningún motivo (para el cierre)", ha subrayado la responsable regional, que ha incidido en que la planta nuclear de Almaraz es "perfectamente segura" y está acreditada con el máximo nivel de seguridad por la inversión que han hecho las empresas. "Esperamos que esa petición se haga pronto", ha reiterado la consejera este miércoles en Cáceres en la inauguración de la V Jornada Cátedra Economía Circular de Extremadura.

Cabe recordar que Iberdrola, Endesa y Naturgy han acordado trabajar en la gobernanza para presentar "cuanto antes" al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la solicitud formal de continuidad para la central nuclear de Almaraz, con carácter previo a la entrega de documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Apag Extremadura Asaja denuncia que Extremadura “vuelve a sufrir” una gran injusticia con las decisiones del Gobierno central, en esta ocasión con motivo de las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros para los agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios forestales de este pasado verano. 

Consideran que las ayudas anunciadas son “totalmente insuficientes”. Califican el presupuesto estimado de 27 millones de euros para toda España como “ridículo y absolutamente inaceptable”. Creen que con esa cantidad no se puede atender a todos los daños sufridos por los profesionales del campo en todo el país, “y mucho menos en regiones como la nuestra, donde el impacto de los incendios ha sido especialmente duro”, advierte la organización. 

Diferencia de trato

Apag Extremadura Asaja piensa que todos los agricultores y ganaderos merecen el mismo trato y apoyo, motivo por el que piensan que el Gobierno ha discriminado a Extremadura, “dejando fuera a numerosos afectados y olvidando atender muchos de los incendios ocurridos en nuestra región”.  

Además, muestran su disconformidad con que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación excluya de las ayudas a los incendios inferiores a 500 hectáreas.