Los 18 trabajadores del Hospital Santa Justa, en Villanueva de la Serena, se han concentrado esta mañana para exigir una solución a la pérdida de sus puestos de trabajo tras el cierre del centro. Los sindicatos han solicitado a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento una medida que permita preservar estos empleos.

El contexto del cierre

El Hospital Santa Justa cerró inicialmente en enero de 2023, cuando el grupo empresarial Ribera Salud abandonó su gestión. Posteriormente, en julio de ese mismo año, reabrió bajo la gestión del Servicio Extremeño de Salud (SES) a través de una delegación de competencia. con una gestión directa por parte del Ayuntamiento y financiación de la Junta de Extremadura, además de la reincorporación de los 18 trabajadores.

Sin embargo, el hospital ha cesado su actividad nuevamente debido a la apertura del nuevo complejo hospitalario Don Benito-Villanueva, que absorbe las funciones del Santa Justa.

Reclamación de los trabajadores y sindicatos

Los sindicatos han advertido sobre el impacto social del cierre y han subrayado la necesidad de una solución que garantice la continuidad laboral de los empleados.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha declarado que la región atraviesa "el mejor momento económico y social de su historia". Este logro, ha explicado, es fruto de las políticas implementadas por el Gobierno central y el impulso de diversas medidas de desarrollo.

Indicadores económicos

Durante la presentación del balance de gestión del Gobierno en 2024, Quintana ha destacado datos que evidencian la transformación económica de la región. como la reducción del paro, el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, la subida de las prensiones, o el ahorro de los ciudadanos. 

Inversiones y desarrollo

Quintana ha resaltado la importancia de los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que han supuesto una inversión directa de 1.055 millones de euros en la región, además de otros 834 millones transferidos a la Junta. Ha explicado que se han destinado 500 millones de euros a infraestructuras, de los que 388 millones se han asignado al ferrocarril (342 a la alta velocidad).

También ha hablado de 600 millones de euros invertidos en digitalización, innovación y proyectos sostenibles, como apoyo a las empresas. 

Relación con la Junta y retos futuros

Quintana percibe una mejora en la relación entre la Junta de Extremadura y el Gobierno central, destacando una reducción de la crispación política. Respecto a la ausencia de presupuestos autonómicos para el próximo año, considera que no es un obstáculo grave, ya que existen mecanismos para continuar la gestión.

La Guardia Civil ha instruido diligencias a tres conductores en diferentes actuaciones llevadas a cabo en la región, quienes presuntamente cometieron delitos contra la seguridad vial por conducir sin contar con los permisos necesarios. Uno de ellos, un vecino de Santa Marta de los Barros, está además acusado de falsedad documental.

Reincidente conduciendo sin permiso

La primera investigación tuvo lugar en noviembre, cuando agentes de Tráfico de Zafra interceptaron en la carretera EX-105 a un conductor de un tractor agrícola. Al presentar una autorización temporal que despertó sospechas, el caso fue remitido al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico..

Tras cotejar los datos, se descubrió que el conductor había perdido la vigencia de su permiso en 2010 por la pérdida total de puntos y que había sido investigado previamente por el mismo delito en otras ocasiones. Además, la autorización presentada resultó ser falsa.

El hombre enfrenta cargos por un delito contra la seguridad vial, con penas de prisión de tres a seis meses, multa de doce a 24 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, agravados por el delito de falsedad documental, que contempla penas de prisión de tres meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Dos casos más en Arroyo de San Serván y San Pedro de Mérida

En otras actuaciones realizadas este pasado martes y jueves, agentes del Puesto de Arroyo de San Serván interceptaron a dos conductores en situaciones similares:

1. Arroyo de San Serván: En un control de carretera (BA-012), un conductor mostró un permiso que, tras ser analizado, resultó ser falso. Se descubrió que nunca había obtenido una licencia para conducir.

2. San Pedro de Mérida: En la autovía A-5, otro conductor fue interceptado y se constató que había perdido la vigencia de su permiso por haber agotado todos los puntos asignados.

Ambos enfrentan cargos por delitos contra la seguridad vial, y sus casos han sido remitidos al Juzgado de Instrucción de Montijo.

La Guardia Civil ha instruido diligencias contra cuatro vecinos de Mérida por su implicación en un delito de caza furtiva. Los hechos ocurrieron a mediados de noviembre en un terreno acotado del término municipal de Llerena, donde los investigados utilizaron galgos para capturar ilegalmente una liebre.

Alerta ciudadana e intervención

La actuación comenzó tras el aviso de un ciudadano que informó de la presencia de un grupo de galgueros cazando en una propiedad privada. Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de Azuaga, junto con unidades territoriales de la Compañía de Llerena, desplegaron un operativo para localizar a los supuestos furtivos.

Durante el dispositivo, lograron avistar el vehículo de los sospechosos, un todoterreno, y lo interceptaron en la autovía A-66, dentro del término municipal de Villafranca de los Barros.

Hallazgos e imputaciones

En el interior del vehículo se encontraron cuatro galgos y una liebre muerta recientemente. Los ocupantes no contaban con la autorización del titular del coto de caza para realizar esta actividad, lo que constituye un delito contra la fauna.

Las pruebas recabadas llevaron a la instrucción de diligencias contra los cuatro implicados, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz.

Posibles sanciones

Los investigados se enfrentan a penas de multa de hasta ocho meses y la posible inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de caza por un período de hasta tres años, según lo establecido en la legislación vigente.